La República de Turquía atraviesa la mayor crisis administrativa y económica de su historia. El gobierno del AKP, que llegó al poder con la promesa de eliminar la pobreza, la corrupción y las prohibiciones, ha llevado estos problemas a su punto máximo.
El gobierno, que ha eliminado los principios de antigüedad y mérito, fundamentales en el derecho administrativo, ha caído en una debilidad de gestión y una falta de planificación que le impide resolver ningún problema, empezando por la economía, la inmigración y la crisis de la vivienda, debido a los nombramientos realizados sin tener en cuenta dichos principios.
La pobreza se ha convertido en hambre y millones de personas han comenzado a sentir la miseria de la manera más dolorosa. Hoy, nuestro mayor problema es la pobreza. Los jubilados, trabajadores y funcionarios públicos, ante unos aumentos salariales irrisorios y una inflación galopante, no saben qué hacer y han llegado a un punto en el que desconocen cuánto tiempo más podrán soportar este destino.
La corrupción se ha convertido en un hecho cotidiano que aparece en la prensa todos los días, siendo aceptada por la sociedad como algo normal y habitual.
Los informes del Tribunal de Cuentas han sido ignorados y, como se vio recientemente en el caso de la Fundación Yunus Emre, los actos de corrupción han quedado impunes.
En cuanto a las prohibiciones, estas han eclipsado las prácticas de los periodos de ley marcial o estado de emergencia, imponiendo diversas restricciones a los derechos y libertades fundamentales.
¿Es posible hablar hoy del pleno ejercicio de la libertad de comunicación, la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de expresión y difusión, la libertad de ciencia y arte, la libertad de prensa, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la huelga?
Cada persona que expresa su opinión y cada periodista que cumple con su deber se enfrenta a ser detenido en una redada matutina, mientras que quienes intentan reclamar sus derechos mediante reuniones y manifestaciones se enfrentan a porrazos, gases lacrimógenos y cañones de agua.
El gobierno, al no considerar suficientes los problemas administrativos y económicos mencionados, ha buscado crear una crisis política adicional al enfrentarse a los municipios de la oposición y destituir a sus alcaldes con justificaciones poco convincentes.
Hoy, la agenda de Turquía es una crisis de gestión y política, con la economía a la cabeza. La única solución es un cambio de gobierno mediante elecciones anticipadas. Sin embargo, al igual que ocurre con el victimismo, el gobierno demuestra toda su destreza a la hora de establecer y cambiar la agenda.
En lugar de los principales temas de la agenda, como el hambre y la pobreza, la opinión pública se ha visto ocupada con el asesinato de Narin, la "banda de los recién nacidos", la reforma constitucional, la investigación de los tenientes, el cambio de gobierno en Siria, el nombramiento de administradores judiciales (kayyum) y, finalmente, la cuestión kurda artificial.
El gobierno del AKP, con el poder mediático que posee, logra lamentablemente establecer la agenda a su antojo y evitar que se discutan los verdaderos problemas de la sociedad. Sin embargo, la verdadera agenda es la pobreza, la corrupción, las prohibiciones y la necesidad de elecciones anticipadas para conseguir un gobierno que realmente luche contra estos males.
Ningún gobierno tiene la fuerza para resistir ante la voluntad y determinación de la sociedad de defender esta agenda por vías democráticas. Por ello, la oposición, en lugar de encender y apagar luces o repartir tarjetas rojas, debe dejar de seguir agendas artificiales y mantener en el centro del debate la pobreza, la corrupción, las prohibiciones y las elecciones anticipadas. Pero, especialmente, mientras la oposición principal debería volver a la agenda real, se ve obligada a seguir la agenda creada en torno a un alcalde destituido.
El gobierno del AKP, al ver que la capacidad de resistencia de la sociedad ha llegado a su fin, que no puede resolver los problemas existentes y que perderá el poder en las próximas elecciones, demuestra con la reforma constitucional, la cuestión kurda y la presión sobre los municipios opositores que no tiene ninguna intención de convocar elecciones anticipadas.
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