Cuando las personas avanzan basándose en experiencias y enseñanzas pasadas ante los acontecimientos que enfrentan, la probabilidad de tomar decisiones acertadas es mayor. Con esta idea, es útil leer la expresión del título como: “El pasado es un tiempo que vale un mundo por las lecciones que ofrece”.
Año 1959, hacia mediados de año se observa un aumento extraordinario en los eventos sociales en nuestro país. A pesar de todos los levantamientos sociales, el gobierno del Partido Demócrata no está dispuesto a convocar elecciones ni a transferir el poder. En lugar de elecciones, los políticos intentan gobernar la sociedad presionando a las universidades y a las instituciones públicas mediante métodos extraordinarios como la Comisión de Investigación; en resumen, la tensión política aumenta gradualmente. El 28 de abril se produce una revuelta estudiantil en la Universidad de Estambul, la policía entra en la universidad, en el tumulto el rector, el profesor emérito Dr. Sıddık Sami Onar, cae al suelo, sus gafas se rompen, algunos estudiantes son detenidos por la policía y la universidad es cerrada. Se declara el estado de sitio en el país, pero al mismo tiempo continúa un levantamiento social encubierto. Como estudiante universitario, comprendo la situación y observo los acontecimientos con tristeza y sospecha. La opinión general era que las cosas se estaban hundiendo y que la única salida a esta situación no era el estado de sitio ni los métodos represivos cada vez más violentos, sino todo lo contrario: recurrir a la voluntad y al juicio del pueblo mediante unas elecciones generales. ¡Porque los cimientos se habían soltado, las columnas estaban desgastadas y el edificio se tambaleaba!
No sucedió; el gobierno se resistía al curso de los acontecimientos con una obstinación increíble e incomprensible. No se tomó la esperada decisión de convocar elecciones generales y, lamentablemente, ¡llegó el golpe de Estado del 27 de mayo! Al igual que en aquel entonces, hoy mi opinión común, y creo que la de todos los ciudadanos con sentido común, es que si se hubiera tomado la decisión de convocar elecciones, nuestra democracia no se habría visto interrumpida, ni los diputados del partido y de mi época se habrían enfrentado a aquel conocido y funesto suceso que nunca olvidaremos. Todavía no puedo creer por qué tuvimos que vivir acontecimientos que me desgarran el corazón cada vez que recuerdo el pasado y lo vivido. Las ambiciones políticas a menudo infligen golpes muy graves y difíciles de reparar a los propios políticos, a las estructuras a las que pertenecen y, lo que es más importante, al país y a sus instituciones democráticas.
Los políticos deben comprender profundamente que la estructura filosófica del juramento que prestan al asumir el poder contiene la promesa de dedicarse a la democracia y al engrandecimiento del país, y deben integrarlo en lo más profundo de su ser. El significado esotérico del juramento al inicio del cargo es que el deber del político es despojarse de sus ambiciones e intereses personales y, bajo el paraguas del Estado construido de acuerdo con los principios constitucionales existentes, servir a la nación de manera reglamentaria durante un tiempo limitado. En este cargo, no hay lugar para grandes transformaciones personales y/o organizativas que dañen el espíritu de la constitución existente, ni es posible orientarse hacia iniciativas contrarias al espíritu de la constitución. La Constitución es tan vinculante que, en los EE. UU., para limitar la deuda pública, se registró en su día como disposición constitucional que el déficit presupuestario debía reducirse a cero o mantenerse dentro de ciertos límites en un período determinado. Siendo así, lo importante no es leer el juramento de inicio de cargo de memoria o siguiendo el arte de la oratoria, sino comprender su espíritu e interiorizarlo.
La política no es una profesión, no es una fuente de ingresos, y mucho menos una garantía que proporcione un pago asegurado en la jubilación; no debería serlo. Un político no debe entrar en política por interés propio; no se hace política por interés propio dañando el interés nacional. El deber del político, como arte de gestión social, es proteger el dinero y los derechos de gestión de terceros, y defender y proteger los intereses de las personas y/o grupos a los que representan, no los del propio político. Como punto aún más sutil y delicado, mientras el político está obligado a proteger principalmente los intereses del sector que representa, también debe tener cuidado de no hacerlo de manera que dañe el beneficio social y nacional. De esta definición de funciones, que puede detallarse aún más, se desprende que el político debe verse a sí mismo como una estructura de personalidad en la que se encarna el interés nacional.
Marx, al explicar el capital en el tejido capitalista, lo trata como una estructura orgánica que persigue un crecimiento constante explotando el trabajo y al consumidor. De tal manera que, para poder explotar el trabajo y al proveedor, el capital debe ser el único comprador, es decir, un oligopsonio, y para poder explotar al consumidor, debe ser el único vendedor, es decir, un oligopolio, o en palabras que el pueblo entiende, un monopolio. Por esta razón, el único enemigo del capital es el capital opuesto. Es también por esta razón que la teoría de la competencia, que los economistas capitalistas presentan en cada oportunidad, es una teoría que sirve al capital mismo a medio y largo plazo, no al consumidor. La razón es la siguiente: en la competencia, el capital lucha a muerte para borrar al capital opuesto del mercado. Como resultado, el capital que domina el mercado explota tanto al proveedor y al trabajo como al consumidor hasta la médula.
Aunque el sistema capitalista tiene como objetivo principal apoyar al capital, aplica leyes antimonopolio, aunque no muy efectivas, con la apariencia de proteger parcialmente al consumidor y al frente laboral. El equivalente en la política de tales leyes cosméticas aplicadas en los mercados es recurrir al voto popular renovando las elecciones en ciertos períodos. El ejemplo más evidente de esto lo constituye el hecho de que el CHP, como partido fundador, pudiera transferir el poder mediante elecciones, lo cual ha pasado a nuestra historia política como un motivo de orgullo. Aunque no de manera tan clara, casi todos los partidos políticos hasta el período del gobierno del AKP han superado este examen con cierto grado de madurez. Que el AKP haya permanecido en el poder durante más de veinte años no constituye un delito político. Sin embargo, algunas irregularidades en las elecciones generales y locales que llevaron al pueblo a la sospecha han quedado como una mancha en nuestra vida política. Si observamos los acontecimientos y las condiciones actuales, se considera necesaria una elección anticipada tanto para evitar que los políticos, el propio AKP y, lo que es más importante, el país y su estructura democrática sufran daños. Esperemos que, en línea con el sentido común, se elimine la visión de dominio absoluto de un partido o persona y alcancemos una estructura social pacífica en el entorno más adecuado.
Esperemos que los actores en el escenario político desempeñen el papel principal para que alcancemos una estructura social pacífica y lleven a la sociedad a la paz. Que la sociedad alcance la paz y que la economía se encauce es tanto en beneficio de la sociedad como de los propios políticos. En las sociedades calificadas como democráticas, el político no puede enfrentarse a la sociedad; tal situación es contraria tanto a la estructura de la sociedad como a la forma de hacer política. Un estilo político contrario a las opiniones que se han manifestado y extendido en la sociedad no puede calificarse de democrático de ninguna manera. Tales imposiciones no solo pueden conducir a disturbios sociales, sino que, tal como se experimenta en el régimen de un solo hombre, también generan sospechas sobre la primacía de las presiones imperialistas sobre el político. En tal estructura y ante el intenso malestar experimentado, no se debe emprender la elaboración de una constitución, que es una especie de contrato social. Tal intento, además de ser defectuoso desde el punto de vista de la legalidad, carecería de ética política en cuanto al respeto a la sociedad.
¡Quiero creer que los políticos actuales tomarán la decisión más adecuada para ellos mismos, sus organizaciones y el beneficio del país!
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