El hecho ocurrió en pleno centro de Ankara.
En mayo de 2024, varias personas de veintitantos años le quitaron el teléfono móvil y la tarjeta de metro a una niña de 14 años y la retuvieron durante 6 días. Y no solo eso: dos de esos individuos abusaron sexualmente de la menor.
Durante ese período, el padre acudió a la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su hija. Cuando, seis días después, supo que la habían enviado a un hogar estatal, fue a recogerla y la niña le contó lo que le había sucedido.
De inmediato se obtuvieron los informes y se presentó la denuncia penal.
Sin embargo, los sospechosos no fueron detenidos hasta un año después, y solo por un día, antes de ser puestos en libertad.
El escrito de acusación también se preparó exactamente un año y medio después de los hechos.
Mientras los sospechosos, a quienes se pedía que fueran juzgados por los delitos de "privación de libertad mediante coacción, amenaza o engaño, abuso sexual agravado de menor y robo con violencia agravado", campaban a sus anchas, la niña intentó suicidarse en varias ocasiones.
El padre, desesperado, contactó con la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Derechos del Niño, fundada por un grupo de jóvenes abogados, y pidió ayuda diciendo: "No hemos recibido apoyo de nadie, los culpables están en la calle."
La asociación difundió el caso en redes sociales antes de la primera audiencia con el llamamiento: "Nos alegraría que estuvierais al lado de nuestra niña." Fatma Melike Karaaslan e Hilal Çelik asumieron voluntariamente la defensa legal de la familia.
"Debido a que el caso fue difundido en redes sociales"
En la primera sesión del juicio celebrada el día anterior en el Tribunal Penal Grave n.º 25 de Ankara, tres de los acusados ocuparon su lugar en la sala de vistas, mientras que uno se conectó mediante el sistema SEGBİS.
En la audiencia, a la que asistieron además de la familia de la menor los abogados de las partes y el abogado del Ministerio de Familia y Políticas Sociales, la menor víctima y la pedagoga comparecieron desde la sala de entrevistas forenses a través de SEGBİS.
Tras las declaraciones de los acusados y sus abogados, la menor víctima relató lo que le había ocurrido... Se tomaron las declaraciones de la pedagoga... La familia y el abogado del Ministerio, que manifestaron su condición de perjudicados, solicitaron personarse como acusación particular en el proceso... Fatma Melike Karaaslan e Hilal Çelik, que asumieron la representación legal de la menor víctima, solicitaron la prisión preventiva de los acusados para evitar que se ejerciera mayor presión sobre la niña.
Al final de la audiencia, el fiscal, tras dar su dictamen y señalar los datos y documentos que solicitaba incorporar al expediente —como los registros HTS/de antenas y los informes relativos a la menor—, emitió su opinión favorable a la prisión preventiva de los acusados, alegando, entre otros motivos, el siguiente argumento llamativo:
"Dado que el caso fue difundido en redes sociales en una fecha próxima a la de la audiencia, existe una probabilidad muy elevada de que los acusados intenten ejercer presión sobre la víctima..."
¿Y el resultado?
Casi dos años después de los hechos, el tribunal decidió ordenar la prisión preventiva de dos de los acusados y aplicar a los otros dos medidas de control judicial consistentes en la prohibición de salir del país y en la obligación de no acercarse a más de 200 metros del domicilio y del colegio de la víctima.
Naturalmente, Fatma Melike Karaaslan, una de las abogadas de la menor que recibió la decisión con gran alegría, declaró tras la audiencia: "Vuestro apoyo quedó reflejado incluso en el acta de la vista. Seguid apoyando, salvemos la vida de más niños." Por su parte, Bilgen Kömüş, presidenta general de la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Derechos del Niño, afirmó que el resultado fue fruto del poder de la opinión pública.
¡He aquí otro ejemplo revelador del estado de nuestra justicia!..
Müyesser YILDIZ
14 de marzo de 2026
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