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Una evaluación jurídica sobre el proceso de detención de Ayşe Barım

El abogado Dr. Mehmet Ruşen Gültekin y el abogado Deniz Ali İlkem Demir analizaron el proceso de detención de la representante Ayşe Barım, quien saltó a la palestra por acusaciones de monopolización en el sector de la actuación y fue posteriormente detenida en el marco de la investigación sobre el Parque Gezi.

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Una evaluación jurídica sobre el proceso de detención de Ayşe Barım

Ayşe Barım apareció por primera vez en la agenda pública el 26 de septiembre de 2024, cuando una columna de opinión de un periodista la señaló como el centro de las acusaciones de monopolización en el sector de la actuación. El 8 de enero de 2025, la Autoridad de la Competencia inició una investigación contra 21 empresas, incluida ID İletişim, la compañía fundada por Ayşe Barım. Aunque ID İletişim negó las acusaciones de monopolio, la Fiscalía General de Estambul inició una investigación sobre el asunto el 10 de enero. Durante el proceso de investigación, el 13 de enero, se impuso a Barım una prohibición de salida del país.

El 24 de enero de 2025, la representante Ayşe Barım fue detenida en el marco de una investigación iniciada bajo la acusación de ser una de las planificadoras de las protestas del Parque Gezi, bajo el cargo de "intentar derrocar al Gobierno de la República de Turquía o impedir que cumpla con sus funciones". Tras la detención de Barım, actores como Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu y Mehmet Günsür también fueron llamados a declarar. El 27 de enero de 2025 se dictó una orden de prisión preventiva contra Ayşe Barım. Es decir, Ayşe Barım fue detenida bajo el pretexto de haber participado en las protestas del Parque Gezi hace 12 años. Por su parte, contra los actores Halit Ergenç y Rıza Kocaoğlu se inició una investigación por el delito de “falso testimonio”, lo que derivó posteriormente en una acción penal pública.

El sistema jurídico en Turquía se articula en torno a normas específicas sobre el delito y la pena. Sin embargo, recientemente han surgido graves problemas jurídicos en diversos aspectos y aplicaciones del derecho penal. En este contexto, la orden de prisión preventiva dictada contra Ayşe Barım contiene importantes errores jurídicos tanto desde la perspectiva de la Constitución como del derecho penal.

AGENTE DE INFLUENCIA E INCERTIDUMBRES JURÍDICAS

Una de las razones esgrimidas para la detención de Ayşe Barım ha sido la acusación de 'agente de influencia', un concepto que ha ganado relevancia recientemente en Turquía.

Este concepto se incluyó en un borrador previo de reforma judicial y comenzó a debatirse en la opinión pública. Sin embargo, como resultado de las críticas y la reacción de la oposición, esta disposición no alcanzó un estatus legal. A pesar de ello, la orden de detención de Ayşe Barım menciona el concepto de 'agente de influencia', basándose en una ley que no está en vigor.

El concepto de agente de influencia está vinculado a un artículo que se planeaba añadir a la sección de 'Delitos contra los secretos de Estado y espionaje' del Código Penal Turco. No obstante, el contenido de este artículo presenta graves contradicciones con los principios fundamentales del sistema jurídico. En el borrador de la propuesta, denominada 9.º Paquete Judicial, se contemplaba añadir el artículo 339/A tras el artículo 339 del Código Penal Turco (Ley n.º 5237). La definición del delito incluía expresiones como 'delitos cometidos contra los intereses políticos internos y externos del Estado' o 'delitos cometidos en línea con los intereses estratégicos de una organización', conceptos vagos y abiertos a interpretaciones políticas.

La inclusión de tales expresiones ambiguas en el texto legal hace que la definición de los delitos sea impredecible y, en consecuencia, otorga a las autoridades judiciales una discrecionalidad excesivamente amplia. De este modo, la falta de claridad en los elementos materiales del delito elimina la garantía legal y contraviene el principio de previsibilidad jurídica en el proceso penal.

Es evidente que esta disposición contiene una definición de delito que conlleva incertidumbre jurídica y resultados impredecibles en términos de sanción. Sin embargo, uno de los principios fundamentales del Estado de derecho es que el delito y la pena deben estar definidos legalmente de manera clara. Esta incertidumbre puede hacer que las decisiones de los tribunales sean arbitrarias y dejar a los acusados ante una gran dificultad para demostrar su inocencia. No obstante, aunque esta disposición aún no ha entrado en vigor, el hecho de que se utilice como base para la detención de Ayşe Barım constituye claramente un error jurídico.

EL USO DE UNA DISPOSICIÓN NO VIGENTE COMO JUSTIFICACIÓN

La acusación de 'agente de influencia', utilizada como base para la detención de Ayşe Barım, se fundamenta en una disposición que actualmente no tiene validez jurídica. Esta propuesta, conocida popularmente como 'agente de influencia', fue retirada tras las reacciones recibidas en el Parlamento y no se llegó a promulgar ninguna regulación legal al respecto. En este contexto, dictar una orden de detención por un delito que no está en vigor no es jurídicamente válido. El uso de tal incertidumbre legal como acusación contradice los principios fundamentales del derecho penal.

CRÍTICAS A LA DECISIÓN DE LIBERTAD DE AYŞE BARIM

El abogado de Ayşe Barım apeló la detención de su cliente ante el Tribunal Penal de Primera Instancia, el cual ordenó la puesta en libertad de Barım. Sin embargo, inmediatamente después de esta decisión, la Fiscalía General de Estambul presentó un recurso antes de que la orden se ejecutara. Tras el recurso, el Tribunal Penal Superior ordenó la re-detención de Barım. El punto a tener en cuenta aquí es que, de acuerdo con el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal, las decisiones tomadas por la autoridad competente son definitivas.

En otras palabras, no existe un recurso contra la decisión de puesta en libertad dictada por el Tribunal Penal de Primera Instancia. Por lo tanto, el recurso de la Fiscalía General es nulo. En consecuencia, la orden de detención dictada posteriormente por el Tribunal Penal Superior, basada en un recurso nulo, también es nula. Se ha producido, por tanto, una situación grave. Dado que, jurídicamente, la orden de detención contra Ayşe Barım es nula, en esencia se encuentra en prisión sin base en una decisión judicial válida.

Por otro lado, el Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) ha destituido al juez del 8.º Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul, Fatih Kapan, quien ordenó la puesta en libertad de la representante Ayşe Barım en el marco de la investigación sobre las protestas del Parque Gezi. Kapan ha sido asignado como juez de un tribunal de consumo. El hecho de que el juez que dictó la libertad de Ayşe Barım sea trasladado a otro tribunal y se inicie una investigación en su contra es altamente cuestionable desde el punto de vista jurídico. Este tipo de práctica viola la independencia judicial y el principio del juez natural. Las presiones sobre las decisiones de los tribunales dañan la independencia del poder judicial y crean serios obstáculos para la correcta administración de justicia.

Es más, como hemos señalado en nuestro artículo, mientras que la decisión de libertad otorgada a Ayşe Barım según el Código de Procedimiento Penal es clara y definitiva, la ley que se intenta aplicar contra ella se basa en una disposición que no existe en la legislación. Además, la acusación de 'agente de influencia' incluida en la primera orden de detención contra Ayşe Barım es una aplicación totalmente arbitraria que no tiene base legal alguna. Esta situación pone de manifiesto que el derecho vigente no se está aplicando a Ayşe Barım. El derecho existe para garantizar los derechos de las personas, pero lo que está ocurriendo aquí refleja una situación en la que no impera el derecho, sino la arbitrariedad.

En conclusión, a la luz de los puntos expuestos anteriormente, ya es posible afirmar que se ha violado el derecho a un juicio justo, garantizado por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este proceso jurídico al que se enfrenta Ayşe Barım no solo dañará sus derechos, sino también gravemente la reputación de Turquía en el ámbito internacional. Estas violaciones dejarán a nuestro país en una posición difícil tanto ante el Tribunal Constitucional como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el futuro, y socavarán la confianza en el Estado de derecho.

Abg. Dr. Mehmet Ruşen Gültekin - Abg. Deniz Ali İlkem Demir


Fuente de la noticia: 12punto

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