Crisis por la instalación de cámaras en los pabellones de mujeres de la prisión de Bakırköy
La intención de instalar cámaras en los pabellones de mujeres de la Prisión Cerrada de Mujeres de Bakırköy ha generado rechazo. El diputado del Partido del Trabajo (EMEP), İskender Bayhan, calificó la medida como una iniciativa contraria a los derechos humanos y destinada a la intimidación, y presentó una pregunta parlamentaria al Ministro de Justicia.
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Se ha revelado que se intentó instalar cámaras en los pabellones donde permanecen las presas políticas en la Prisión Cerrada de Mujeres de Bakırköy. El diputado de Estambul por el Partido del Trabajo (EMEP), İskender Bayhan, quien llevó el asunto al Parlamento, presentó una pregunta parlamentaria para que sea respondida por el Ministro de Justicia, Yılmaz Tunç, calificando dicha práctica como una imposición “humillante, contraria a los derechos humanos y con fines de intimidación”.
Bayhan recordó que, en el marco de la investigación conocida públicamente como la “operación del HDK”, muchos políticos, periodistas e intelectuales, incluida la presidenta provincial del Partido del Trabajo en Estambul, Sema Barbaros, fueron detenidos de manera ilegal. Bayhan señaló que los detenidos llevan más de dos meses en prisión sin una acusación formal y destacó que las presiones dirigidas específicamente contra las mujeres presas se han vuelto cada vez más severas.
“EL ESPACIO PRIVADO DE LAS MUJERES BAJO VIGILANCIA”
Al señalar que el intento de instalar cámaras en los pabellones comenzó el 29 de abril, Bayhan afirmó: “Poner bajo vigilancia los espacios de vida privada de las mujeres es una clara violación de derechos”. Subrayando que la práctica es una política de intimidación sistemática contra las presas políticas, Bayhan expresó que las prisiones se han convertido prácticamente en “campos de prisioneros políticos”.
“¿CÓMO SE PUEDE EXPLICAR CON EL DISCURSO DE LA REFORMA JUDICIAL?”
Las preguntas que Bayhan dirigió al Ministro Tunç son las siguientes:
¿Cuál es el objetivo de querer vigilar también los espacios de vida privada de las mujeres, quienes ya se encuentran bajo vigilancia constante?
¿La orden de instalar cámaras proviene del Ministerio? Si no es así, ¿se tomarán medidas contra quienes iniciaron esta práctica arbitraria?
¿Cuál es la justificación para continuar con esta imposición a pesar de las sentencias precedentes de violación dictadas por el Tribunal Constitucional?
¿Cómo se puede explicar esta práctica con el discurso de la “reforma judicial”?
¿La interferencia en los espacios de privacidad de las mujeres se realiza por motivos de seguridad, o esta situación apunta a una tortura psicológica sistemática?
¿No se están violando abiertamente los convenios internacionales de derechos humanos?