¡Iniciativa del AKP sobre los 'menores infractores'! El aumento de penas está sobre la mesa
Mientras el concepto de "menor infractor" vuelve a ser objeto de debate público, se ha sabido que el AKP está trabajando en una nueva regulación legal que contempla tanto el aumento de las penas como el fortalecimiento del proceso de rehabilitación.
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Mattia Ahmet Minguzzi (15), cuyo asesinato generó un intenso debate, y el caso de Atlas Çağlayan (17), quien fue asesinado por bandas callejeras, han vuelto a situar el concepto de "Menor Infractor (SSÇ, por sus siglas en turco)" en el centro de la agenda.
Se ha sugerido que el AKP está preparando una regulación dirigida a los "menores infractores" que, por un lado, endurece las sanciones y, por otro, prioriza el proceso de rehabilitación.
Según informa el diario Türkiye, cercano al gobierno, los preparativos sobre el aumento de penas y las medidas de rehabilitación continúan en un trabajo que sigue de cerca el Presidente de la República y Presidente del AKP, Recep Tayyip Erdoğan. Se espera que el informe que preparará la comisión de investigación creada en el Parlamento sirva de base para la hoja de ruta a seguir.
DEL PAQUETE JUDICIAL A LA AGENDA PARLAMENTARIA
Está previsto que las regulaciones que el Ministerio de Justicia incluyó anteriormente en el 11.º Paquete Judicial, y que posteriormente fueron retiradas de la propuesta, vuelvan a ser llevadas a la agenda del Parlamento. Según el borrador, se contempla elevar a 27 años el límite máximo de pena para los "menores infractores" de entre 15 y 18 años en delitos que conllevan cadena perpetua agravada.
"SI EL PROCESO DE REFORMA NO TIENE ÉXITO, NO SE PUEDE PREVENIR EL DELITO"
Dentro del AKP también existen evaluaciones que señalan que el aumento de las penas por sí solo no será la solución. Fuentes del partido compartieron la opinión de que: "La gran mayoría de estos niños provienen de familias desestructuradas. Estamos inmersos en un gran torbellino social. Los divorcios aumentan constantemente. Por mucho que aumenten las penas, si el proceso de rehabilitación y reforma no tiene éxito, no se puede prevenir el delito". Las mismas fuentes indicaron que el mundo académico y científico también debería contribuir al proceso de solución con un enfoque orientado a resultados.
Con las nuevas regulaciones, se pretende que, durante la fase de ejecución de la pena, se preparen planes de intervención específicos para cada necesidad, teniendo en cuenta las características individuales del menor, la naturaleza del delito, la estructura familiar, el nivel educativo y las condiciones psicosociales.
En este marco, está sobre la mesa abandonar la práctica de que los menores condenados cumplan sus penas directamente en centros de educación infantil. Se prevé que la pena comience en instituciones penitenciarias cerradas para menores y que, tras una evaluación de buena conducta, sean trasladados a centros de educación.