El tribunal de la UE confirma la multa récord de 4.100 millones de euros contra Google
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ratificado la multa antimonopolio de 4.100 millones de euros impuesta a Google por abuso de posición dominante con su sistema operativo Android.
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La larga batalla legal de Google contra la multa de 4.100 millones de euros impuesta por la Unión Europea ha llegado a su fin. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso del gigante tecnológico, validando así la decisión sancionadora de la Comisión Europea. Este acontecimiento se considera uno de los puntos de inflexión en los casos de competencia que el organismo regulador con sede en Bruselas lleva a cabo contra empresas tecnológicas multinacionales.
Las instituciones de la Unión Europea multaron a Google por primera vez en 2018, alegando que abusó de su posición dominante en el mercado con el sistema operativo móvil Android. Según la decisión, Google exigió a los fabricantes de teléfonos inteligentes que tuvieran preinstalados el buscador de Google y el navegador Chrome en sus dispositivos. Además, se determinó que la empresa realizaba pagos a grandes fabricantes y operadores que aceptaban preinstalar únicamente el motor de búsqueda de Google.
Según las conclusiones de la Comisión, la empresa también debilitó la competencia en el mercado al impedir que los fabricantes utilizaran versiones alternativas de Android no aprobadas por Google. Se señaló que, debido a estas prácticas, Google utilizó la plataforma Android para obtener una ventaja en la difusión de sus propios servicios.
En septiembre de 2022, el Tribunal General de la UE, que examinó el caso, consideró válidas la mayor parte de las alegaciones de la Comisión. Sin embargo, al decidir que las pruebas relativas a algunas irregularidades eran insuficientes, redujo la multa de 4.300 millones de euros a 4.100 millones de euros. El último recurso presentado ha sido rechazado definitivamente esta semana por el Tribunal de Justicia.
Esta decisión ha puesto de manifiesto una vez más la magnitud de la presión regulatoria a la que pueden enfrentarse las grandes empresas tecnológicas en Europa. Los observadores del sector señalan que, tras este caso, podrían aumentar las investigaciones antimonopolio similares.