Libertad condicional en el caso de las amenazas a la familia de Minguzzi

El tribunal ha dictado sentencia en el caso de las amenazas contra la familia de Mattia Ahmet Minguzzi, quien perdió la vida en un ataque con arma blanca en Kadıköy. Çınar Diril fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión, mientras que Barış Ayata recibió una pena de 2 años y 3 meses.

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Se ha dictado sentencia en el caso de amenazas en el que Çınar Diril y Barış Ayata fueron juzgados ante el 8.º Tribunal Penal de Primera Instancia de Bakırköy.

Çınar Diril fue condenado a un total de 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de amenazas e injurias, y fue puesto en libertad. Por su parte, Barış Ayata recibió una pena de 2 años y 3 meses de prisión por el delito de apología del delito y del delincuente.

El tribunal señaló que, tras el examen realizado en el ordenador de Çınar Diril, se encontraron rastros relacionados con los mensajes de amenaza.

Sin embargo, no se pudo determinar cómo se originaron dichos rastros. Diril negó las acusaciones, argumentando que no sabía que su ordenador había sido formateado y defendiendo que él no envió los mensajes de amenaza.

DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS Y DEFENSAS

En la audiencia, Y.B.T., quien declaró como testigo, afirmó que Çınar Diril no envió los mensajes de amenaza.

Y.B.T. expresó que operaban un servidor de juegos junto con Çınar y que los mensajes de amenaza provenían de números extranjeros, asegurando que Çınar no haría algo así.

El tribunal absolvió a Barış Ayata del delito de amenazas, pero dictaminó que continúen las medidas de control judicial.

La acusación incluía las publicaciones realizadas por Ayata en redes sociales y las alegaciones de que Çınar Diril envió mensajes de amenaza a través de Discord.

El caso comenzó el 24 de enero de 2025 con el asesinato de Mattia Ahmet Minguzzi, quien fue apuñalado en Kadıköy.

Las publicaciones de Barış Ayata en redes sociales y los mensajes con contenido amenazante constituyeron la base del caso. El tribunal dictó su sentencia al determinar las penas de los acusados, argumentando que representaban un peligro para el orden público.