¡No hay justicia, hay “inercia”!

Cuando se pierde la fe en la justicia, comienza un estado de “inercia”. La sociedad se corrompe, se aplican las “leyes de la calle” y aumenta la ilegalidad.

El derecho, que tiene su origen en los valores humanos y la moral, cede su lugar a un orden en el que se ignoran los juicios de valor morales.

En un país así, aumenta el número de bandas, organizaciones criminales con fines de lucro y aquellos que actúan como un Estado dentro del Estado.

Los jóvenes se sienten atraídos por conseguir dinero fácil, ascender por caminos cortos y enriquecerse sin esfuerzo.

Estudiar, esforzarse y trabajar se considera una “tontería”. Todo comienza precisamente cuando esta primera chispa se convierte en un incendio incontrolable.

¿Qué esperas que haga el ciudadano común en un país donde el jurista no aplica las normas legales, el político ignora las disposiciones de la Constitución y le dice al Tribunal Supremo: “No reconozco tu decisión, cerremos el caso y listo”?

¿Dónde deberíamos situar en un Estado de Derecho la declaración del anterior Ministro del Interior dirigida a los jefes de barrio (muhtars): “Tú demuele, que la orden judicial ya vendrá después”?

¿No es lo que hemos vivido en el último mes un reflejo de que el sistema judicial se ha convertido prácticamente en un “sistema de inercia”?

En la actual investigación del asesinato de Narin, el hecho de que aún no se haya podido identificar al autor, que todas las pruebas estén dispersas y que los escenarios producidos por la opinión pública aparezcan en las actas de declaración, ¿es esto ahora “impartir justicia”?

¿Y qué deberíamos pensar de un sospechoso que ha hecho de “cometer delitos un hábito” y que sigue delinquiendo con total impunidad, llegando a asesinar a una joven policía con el arma de otro agente?

En nuestro país, donde el Ministro del Interior anuncia casi a diario operaciones contra organizaciones criminales, ¿es lo más correcto vivir sin cuestionar cómo estas estructuras ilegales han “echado raíces” en nuestra tierra?

Mientras se toma una “vida” y se entrega a un “Brunson”; mientras se detiene a “Dilruba” y se libera a un “Deniz”, y mientras se habla de que Estados Unidos por un lado y Alemania por otro intervienen en los procesos, ¿deberíamos hablar de justicia o de un estado de inercia?

¿Podemos convencer a nuestra gente de que el sistema legal imparte justicia cuando, mientras se derraman lágrimas por Gaza y se califica la situación de genocidio, se desestima el Caso Mavi Marmara en virtud de un “acuerdo bilateral” firmado con el Estado de Israel?

¿O acaso deberíamos señalar como ejemplo del funcionamiento del sistema judicial el hecho de que el tribunal que juzga el caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en el Consulado General de Arabia Saudita en Estambul, enviara el expediente a los tribunales de Arabia Saudita?

El traslado de los jueces del tribunal que dictó la absolución en el Caso del Parque Gezi, la posterior condena dictada por los jueces designados en su lugar, la falta de ejecución de la orden de liberación de Osman Kavala y el hecho de que las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sean “ignoradas”, ¿no es acaso el triste estado de nuestro sistema judicial?

¿Y qué decir de imponer prohibiciones políticas a través de los tribunales, de que el Consejo Supremo Electoral (YSK) tome decisiones que considera “nulas” para un alcalde electo, y de abrir la puerta al diseño de la política mediante estas decisiones? ¿Es eso impartir justicia?

¿En qué medida inspira confianza a sus ciudadanos un orden en el que el Tribunal de Casación “ignora” la decisión del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional hace lo propio con la del Tribunal de Casación?

¿Dónde deberíamos situar lo que relata la afligida esposa en el Caso del Asesinato de Sinan Ateş, la desesperación de las familias en el Caso del Accidente Ferroviario de Çorlu y las controversias sobre los informes periciales en los juicios contra los contratistas de los edificios derrumbados en el terremoto de Hatay?

¿Y qué hay de las declaraciones en las investigaciones contra periodistas de “metámoslo 3 o 5 meses dentro, a ver si así entra en razón”? ¿Están equivocados quienes llaman al sistema de Juzgados de Paz Penal, que pone en el punto de mira las entrevistas callejeras y las publicaciones en redes sociales llegando hasta el encarcelamiento, el “garrote del poder”?

En un país donde el líder del principal partido de la oposición realizó una marcha por la “justicia”, creo que no es erróneo cuestionar el funcionamiento del sistema judicial y expresar que ya no queda “Seguridad Jurídica”.

Los escándalos de pruebas falsas en los juicios por conspiración, las investigaciones contra periodistas opositores, las acusaciones de que los barones de la droga son liberados por petición de políticos, el asunto de la “Bolsa FETÖ”... ¿no están todos ellos ante nosotros como abismos profundos dentro del sistema judicial?

El periodo en el que vivimos se ha desplomado sobre la sociedad, y especialmente sobre los juristas, como una pesadilla...

¿Cuántas personas en el país pueden objetar la frase: "En los países donde la justicia se encoge, los que se vuelven grandes son los criminales"?