El pasado mes de enero, en Muğla, durante una operación llevada a cabo en tres o cuatro oleadas contra miembros de los medios de comunicación locales, la acusación principal fue “insultar al presidente”. Se alegó que los periodistas también cometieron los delitos de “insulto a un funcionario público, obtención ilegal de datos personales, violación de la privacidad y difusión pública de información engañosa”.
La parte llamativa de la operación y la investigación fue que la mayoría de los sospechosos eran personas cercanas al AKP, y los denunciantes eran principalmente el gobernador de Muğla y otros burócratas. Por ejemplo, el sospechoso número 1 detenido en la primera oleada, Kürşat Keskin, fue la persona que habló por primera vez con Erdoğan durante el intento de golpe de Estado del 15 de julio en Marmaris y obtuvo una declaración, siendo recompensado por ello.
En las etapas posteriores del proceso, se vieron involucrados nombres de antiguos y actuales diputados del AKP y administradores locales del MHP; incluso fue detenido el asesor del diputado del AKP Kadem Mete. Finalmente, el asunto fue trasladado por los diputados al ministro de Justicia, Akın Gürlek, y al ministro del Interior, Mustafa Çiftçi.
Mientras tanto, el periodista Kürşat Keskin escribió una carta de 8 páginas desde la cárcel a Erdoğan, informándole sobre la corrupción que, según él, ocurría en Muğla y sus responsables, mientras que su padre presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Muğla en relación con esta “trampa” tendida a su hijo.
Tras esa denuncia, esta vez fueron detenidos el hermano de Kürşat Keskin, también periodista, y un amigo suyo. El amigo del hermano de Keskin alegó que, mientras estaba bajo custodia, un policía insultó al diputado del AKP Kadem Mete.
Por otro lado, los abogados de los sospechosos denunciaron ante la Dirección General de Seguridad tanto a los policías que llevaban a cabo la investigación como a los que insultaron al diputado Mete, solicitando que se abriera una investigación contra ellos.
Excarcelación y terremoto en el juzgado
Tras estos breves recordatorios, pasemos a los últimos acontecimientos relacionados con la investigación, en la que figuran 9 personas, 4 de ellas detenidas.
Se preparó una acusación contra dichos sospechosos y, con la aceptación de la misma, se decidió la puesta en libertad de los detenidos.
La particularidad del día en que se tomó la decisión de excarcelación fue la publicación del decreto de verano que abarcaba a 4.967 jueces y fiscales. En el marco del decreto, se cambió el destino de exactamente 151 jueces y fiscales, tanto en el centro como en los distritos, empezando por el fiscal general de Muğla.
Sorprendentemente, no se dio permiso
Habíamos mencionado que el primer motivo de la decisión de detención y arresto era la acusación de “insultar al presidente”; sin embargo, esta acusación no figuró en la acusación preparada 5 meses y medio después. Se solicitó que los acusados fueran juzgados únicamente por los delitos de “insulto público a un funcionario público por razón de su cargo mediante una comunicación sonora, escrita o visual de forma encadenada, difusión pública de información engañosa ocultando su identidad real, y entrega, difusión u obtención ilegal de datos personales de otra persona”.
Si se pregunta “¿A dónde fue a parar la acusación de ‘insultar al presidente’?”;
Como es sabido, para esta acusación se requiere obtener permiso de procesamiento del Ministerio de Justicia. El fiscal también solicitó dicho permiso al Ministerio.
Por lo que entendemos de la correspondencia, el fundamento de la acusación fue una publicación en Facebook del 1 de diciembre de 2025, probablemente con motivo del 29 de octubre, donde al compartir la imagen de la bandera turca y el póster de Atatürk colgados en un hospital de Muğla, se señalaba que no se había colgado la foto de Erdoğan con la expresión “nuestro líder de bigote de almendra”, y con la referencia “Muğla es la ciudad de los bigotes de media luna”, se reaccionaba por un lado contra el MHP y por otro contra el director de Salud, el presidente provincial del AKP y los diputados del AKP, haciendo un llamado al “pequeño líder” para que hiciera lo necesario.
Mientras que se abren juicios por insulto al presidente incluso por nimiedades, es sorprendente, y mucho, que el Ministerio de Justicia, justo un día antes de la decisión de excarcelación de los detenidos, no concediera el permiso de procesamiento por “no haberse constituido los elementos legales del delito de insulto al presidente”.
Tras esta decisión, la Fiscalía General dictó la semana pasada una resolución de “no procede el procesamiento” contra los sospechosos debido a la “ausencia de permiso de procesamiento”.
Investigación a los policías
También hubo otros acontecimientos llamativos en el expediente de Muğla.
Primero; la Fiscalía General de Muğla inició de oficio una investigación sobre el policía que supuestamente insultó al diputado del AKP Kadem Mete.
Segundo; la abogada del periodista Kürşat Keskin, Suna Öztaşdönderen, presentó una denuncia ante la Dirección General de Seguridad contra los policías que realizaron la investigación, bajo las acusaciones de “abuso de poder, realización de actos fuera de su competencia y jurisdicción, y redacción de actas contrarias a la verdad y tendenciosas actuando con motivos de enemistad personal y venganza”. La Dirección General remitió esto a la Gobernación de Muğla. Como resultado, el Consejo Administrativo Provincial de Muğla decidió que no había necesidad de abrir una investigación disciplinaria alegando que “no se encontró ninguna información, documento, testigo, grabación de audio o video que sustente las acusaciones”. Sin embargo, la abogada Öztaşdönderen volvió a solicitar a la Dirección General de Seguridad que la investigación fuera realizada por la Comisión de Supervisión de las Fuerzas del Orden y por inspectores designados desde el centro, señalando que “el hecho de que la Gobernación de Muğla lleve a cabo el examen y la investigación sobre los policías que aún sirven en Muğla conlleva el riesgo de violar los principios de imparcialidad, auditoría independiente y la obligación de una investigación efectiva”. La Dirección General de Seguridad aceptó la solicitud.
Müyesser YILDIZ
27 de junio de 2026
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