En España, se ha abierto una investigación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo la acusación de haber realizado declaraciones de carácter electoral durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, utilizando para ello recursos públicos.
La Junta Electoral Central (JEC) de España ha aceptado las denuncias presentadas por el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), y por la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF). El organismo ha decidido iniciar un expediente contra Sánchez en el marco de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
El objeto de la investigación será determinar si las declaraciones realizadas por el presidente tras una actividad oficial del Gobierno tienen carácter de campaña electoral y si se utilizaron medios públicos con ese fin.
Según la información publicada en la prensa española, en caso de que se determine que Sánchez ha infringido la ley, podría enfrentarse a una multa de entre 300 y 3.000 euros.
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