China decide tomar represalias contra EE. UU.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, argumentó en una conferencia de prensa habitual celebrada en Pekín que la imposición de restricciones de visado por parte de EE. UU. a los funcionarios de la región, bajo el pretexto de cuestiones relacionadas con Hong Kong, constituye una injerencia en los asuntos internos de China y viola el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales.

La portavoz Mao señaló que, en respuesta, el gobierno chino ha decidido imponer sanciones a ciertos funcionarios estadounidenses que han adoptado una postura errónea sobre Hong Kong, en virtud de la Ley de Relaciones Exteriores y la Ley contra las Sanciones Extranjeras.

"Hong Kong es el Hong Kong de China, y los asuntos de Hong Kong son asuntos internos de China", declaró Mao, quien instó a EE. UU. a respetar la soberanía de China y el orden jurídico de Hong Kong, y a no interferir en sus asuntos internos bajo ningún pretexto.

Mao no reveló la identidad de los funcionarios estadounidenses sancionados.

EE. UU. IMPUSO SANCIONES EN 2020

La administración del expresidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones económicas a 11 funcionarios, entre ellos la entonces jefa ejecutiva Carrie Lam Yuet-ngor y el actual jefe ejecutivo John Lee Ka-chiu, quien era entonces secretario de Seguridad, debido a sus "acciones que socavan la paz, la estabilidad, la seguridad y la autonomía" en Hong Kong.

El gobierno de Washington argumentó que dichos funcionarios eran responsables de la implementación de la Ley de Seguridad Nacional, que abrió el camino a la restricción de las libertades en la región.

Con la Ley de Seguridad Nacional promulgada en junio de 2020, el gobierno de Pekín tipificó como delitos los actos de "intento de derrocamiento del gobierno, traición y acciones que ponen en peligro la seguridad nacional", y la ley entró en vigor en la región tras ser aprobada por el Consejo Legislativo de Hong Kong.

La ley, que por su contenido apuntaba originalmente al movimiento de protesta prodemocracia en Hong Kong, permitió el enjuiciamiento de periodistas, políticos, empresarios y activistas opositores bajo el pretexto de la "seguridad nacional".

En el marco de esta ley, se iniciaron investigaciones contra más de 100 opositores, y numerosas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación prodemocracia fueron clausurados.

Fuente de la noticia: AA