La decisión ha sido considerada como la respuesta diplomática más severa de Colombia hacia Israel.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había declarado antes del ataque que una posible intervención contra la Flotilla Sumud constituiría una “clara violación del derecho internacional y un crimen de lesa humanidad”. En una publicación en su cuenta de X, Petro señaló que la flotilla había “entrado en una zona de alto riesgo”, añadiendo que “la actividad de drones aumenta y se detectan barcos desconocidos en el radar”. Asimismo, indicó que todos los tripulantes esperaban con sus chalecos salvavidas puestos ante la expectativa de un ataque.
Petro también enfatizó que exigían pleno respeto a la vida y dignidad de los más de 500 civiles a bordo, incluidos los voluntarios colombianos Manuela Bedoya y Luna Barreto. Reiteró que un ataque contra esta misión humanitaria supondría una violación del derecho internacional.
El líder colombiano ya había hecho anteriormente un llamamiento a favor de una conferencia internacional para la creación del Estado de Palestina, denunciando los crímenes cometidos por Israel en Gaza. Petro había expresado: “¿No debería iniciarse una conferencia para establecer un Estado palestino soberano y libre?”.
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