La inteligencia artificial se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más comentados del mundo jurídico. Vista en un primer momento como una tecnología utilizada por los abogados para preparar escritos, investigar jurisprudencia o elaborar borradores de contratos, la inteligencia artificial ha empezado ahora a ocupar un lugar también en la actividad jurisdiccional. Dos acontecimientos ocurridos de forma sucesiva en los últimos días en la justicia turca han trasladado este debate del plano teórico al ámbito de la práctica.
En el primer caso, un tribunal mercantil señaló expresamente en su sentencia motivada que había recurrido a la inteligencia artificial. El tribunal indicó que se benefició del apoyo de la inteligencia artificial especialmente con el fin de examinar fuentes de derecho extranjero, realizar estudios de derecho comparado y acceder con mayor rapidez a información técnica. No obstante, también se subrayó por separado que la valoración jurídica y la decisión final correspondían íntegramente al tribunal. Desde este punto de vista, el aspecto más llamativo de la resolución no fue tanto que se hubiera utilizado inteligencia artificial, sino que ello se explicara de manera transparente en la sentencia motivada.
Una segunda decisión difundida poco después ante la opinión pública llamó la atención por un aspecto diferente. En una demanda de indemnización derivada de un accidente de tráfico, el perito examinó las fotografías del vehículo presentadas en el expediente mediante programas de análisis asistidos por inteligencia artificial y llegó a la conclusión de que no había daños en el vehículo. El tribunal, tomando ese informe como base de su fallo, decidió desestimar la demanda. Así, se observó por primera vez en la justicia turca que una evaluación técnica asistida por inteligencia artificial constituía uno de los fundamentos de una resolución judicial.
Ambos ejemplos muestran que la inteligencia artificial ya no es únicamente una herramienta utilizada en despachos de abogados o en trabajos académicos; también empieza a encontrar espacio en distintas fases del proceso judicial.
En realidad, la relación entre el derecho y la tecnología no es nueva. La puesta en marcha de UYAP, la aceptación de la firma electrónica, la expansión del sistema de notificación electrónica y la aplicación SEGBİS también fueron objeto de debates similares en sus primeras etapas. Hoy, en cambio, se consideran parte del funcionamiento ordinario de la justicia. Por ello, no resultará sorprendente que la inteligencia artificial encuentre con el tiempo un lugar más amplio en las prácticas judiciales.
Con todo, existe una característica importante que distingue a la inteligencia artificial de otras herramientas tecnológicas. La notificación electrónica transmite un documento, UYAP registra el expediente, la firma electrónica proporciona verificación de identidad. La inteligencia artificial, en cambio, a diferencia de estas, analiza datos, compara casos similares y puede ofrecer al usuario determinados resultados o recomendaciones. Precisamente por ello, el papel de la inteligencia artificial en los procesos judiciales exige una evaluación más amplia que la de otras aplicaciones digitales.
Resulta especialmente llamativo que, en la primera resolución, el tribunal indicara de forma expresa en su sentencia motivada el uso de inteligencia artificial. Este enfoque demuestra que exponer de manera transparente la tecnología utilizada, en lugar de ocultarla, es importante para la confianza en la justicia. Que las partes y la opinión pública sepan qué herramientas se emplearon en el proceso de elaboración de la decisión también reviste importancia desde el punto de vista de la transparencia de la actividad jurisdiccional.
El segundo ejemplo plantea preguntas diferentes. Por supuesto, es posible que los peritos recurran a nuevas tecnologías en sus exámenes técnicos. Sin embargo, cuestiones como los criterios según los cuales funcionan los análisis asistidos por inteligencia artificial, la fiabilidad del modelo utilizado, si distintos sistemas llegarán o no a resultados similares con los mismos datos y cómo podrán supervisarse estos análisis se debatirán más en el próximo periodo. Especialmente si se tiene en cuenta el efecto de los informes periciales sobre las resoluciones judiciales, resulta importante determinar estándares relativos al uso de estas tecnologías.
Debates similares no se producen únicamente en Turquía. La Unión Europea, mediante el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) que ha adoptado, ha clasificado los sistemas de inteligencia artificial según sus ámbitos de uso y ha previsto normas más estrictas en áreas que pueden afectar a los derechos y libertades fundamentales. Los sistemas de inteligencia artificial que se utilizarán en el ámbito judicial también se consideran, en este marco, entre las aplicaciones a las que se concede una importancia especial. El enfoque básico de la regulación es bastante claro: la tecnología puede utilizarse; pero no pueden eliminarse la supervisión humana ni la responsabilidad jurídica.
En el derecho turco, en cambio, todavía no existe una normativa específica que regule directamente el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Ni en la Ley de Procedimiento Civil, ni en el Código de Procedimiento Penal, ni en la Ley de Peritaje figuran disposiciones detalladas relativas a análisis asistidos por inteligencia artificial. Pese a ello, el hecho de que la práctica haya comenzado de facto puede obligar a que las regulaciones jurídicas tengan en cuenta estos avances en un futuro próximo.
Sin duda, la inteligencia artificial ofrece importantes posibilidades que pueden reducir la carga de trabajo de los juristas y de los miembros de la judicatura. Puede aportar contribuciones significativas en muchos ámbitos, como el examen de expedientes voluminosos, la búsqueda de precedentes, la comparación de prácticas de derecho extranjero y la aceleración de análisis técnicos. Con todo, es igual de importante que se determinen de forma clara el procedimiento de uso de esta tecnología en el proceso judicial, sus límites y sus mecanismos de supervisión.
Los dos ejemplos vividos hoy pueden considerarse señales de una nueva etapa en la justicia turca. Se entiende que la inteligencia artificial se utilizará de manera más extendida en los próximos años. Sin embargo, sea cual sea la velocidad de desarrollo de la tecnología, los principios de imparcialidad, sentencia motivada, responsabilidad jurídica y razonamiento independiente del juez, que constituyen la base del proceso judicial, seguirán conservando su importancia. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa que apoye el proceso judicial; pero, por ahora, aún está lejos de ser el sujeto que asume la responsabilidad jurídica y adopta la decisión final.
Quizá la cuestión principal en la que debe centrarse hoy la atención no sea si la inteligencia artificial debe utilizarse o no en la judicatura, sino conforme a qué principios se llevará a cabo ese uso. Porque el desarrollo de la tecnología es inevitable. Lo verdaderamente importante es que ese desarrollo pueda gestionarse de manera compatible con los principios fundamentales del Estado de derecho.
Abog. Deniz Ali İlkem Demir
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