Como resultado natural de las políticas neoliberales aplicadas en nuestro país desde la década de 1980 y de la creciente dependencia externa de la economía mundial a través de los canales de financiación, inversión y comercio, la economía turca se ha convertido en una economía HORMONADA: una economía que crece cuando hay entradas de capital extranjero, pero que se estanca cuando estas se ralentizan; una economía más frágil, arrastrada a crisis por el efecto de la coyuntura interna y externa, y basada más en el consumo que en la producción.
Por otro lado, la economía turca se ha transformado en una estructura que busca el crecimiento económico a corto plazo a cualquier precio, donde individuos y empresas se ven involucrados en una red de crecimiento inmoral debido a ganancias inmediatas, y donde esta red se expande para abarcar diferentes sectores de la sociedad, influyendo en los comportamientos individuales y sirviendo a un enfoque centrado en el interés propio.
Es evidente que esta estructura, centrada en el interés y en una economía de rentas, causa grandes daños a la sociedad y a la economía a través de ayudas en efectivo y en especie a los pobres en el marco de la asistencia social, nombramientos y asignaciones que no se basan en el mérito, contrataciones y adjudicaciones partidistas, y promesas electorales (políticas expansivas como aumentos salariales, amnistías, incentivos, transferencias, aplazamientos y bonificaciones).
En este orden, existe un modelo basado en relaciones de interés mutuo que se mantiene mientras las partes obtienen lo que quieren, en el marco de un ciclo de rentas por intereses, rentas del suelo, ayudas socioeconómicas, pérdidas operativas de las empresas económicas estatales, y privilegios e incentivos proporcionados a través de excepciones, exenciones y garantías del Tesoro en licitaciones públicas no competitivas y en impuestos.
Debido a que la inmoralidad se ha convertido en parte de la estructura cultural, social y económica, siendo primero interiorizada y luego legitimada tanto en la vida laboral como en nuestra vida cotidiana (las personas físicas y jurídicas comienzan a normalizar estos comportamientos pensando que, en esta coyuntura impredecible que genera desconfianza, serán engañadas, sufrirán competencia desleal y que, incluso si ellos no lo hacen, otros realizarán actividades, transacciones y comportamientos irregulares o poco éticos que les impedirán obtener lo que merecen), sumado a la presión de factores externos, el deterioro de las relaciones de interés mutuo y la insostenibilidad de las negatividades creadas por el sistema, nos enfrentamos inevitablemente a una economía que CRECE DE FORMA INMORAL y que probablemente colapsará.
No es posible no estar de acuerdo con la definición de Ege Cansen: “La moral es un conjunto de prohibiciones que permite al individuo actuar de manera que no perjudique los intereses de otros individuos ni los de la sociedad en general mientras intenta maximizar su propio interés personal”. Mientras que el intento de los individuos de maximizar sus beneficios e intereses se considera un comportamiento moral razonable, el lado inmoral es cuando el individuo realiza este comportamiento a costa de perjudicar los intereses generales de la sociedad, el bien común, el interés social y los beneficios colectivos. Por esta razón, el deber del Estado y de las instituciones debe ser establecer valores y reglas sociales que aseguren que el interés personal a corto plazo y el interés social a largo plazo coincidan, en lugar de que entren en conflicto, evitando que la mejora de la situación de un individuo provoque el empeoramiento de la de otros.
Más importante que el colapso económico es luchar contra el colapso moral. La polarización política, la corrupción y la degeneración, que también afectan al sistema legal, político y socioeconómico del país, provocan un colapso moral institucional. En la base de la estructuración de los problemas en la administración estatal, que comienzan con la corrupción y terminan en la degeneración, como un colapso moral institucional, se encuentra el hecho de que ni los políticos ni los funcionarios públicos son seleccionados según el principio de mérito. Con la generalización y permanencia de la corrupción, se crea un clima de degeneración y, como resultado, surge un colapso moral institucional en las instituciones y organizaciones públicas de todo el país.
No obstante, para resolver los problemas fundamentales de las sociedades, primero es necesario realizar una transformación de mentalidad y alcanzar estándares de trabajo aceptados universalmente. El primer camino para ello es contribuir a elevar la conciencia en la sociedad enseñando la ética laboral en general y los principios éticos en términos de normas de comportamiento.
No sería una expectativa racional esperar que el Estado mejore y realice los principios de bienestar y distribución de manera justa sin transformar la sociedad y adoptar principios éticos. Es precisamente en este punto donde, en una economía hormonada donde los mercados fracasan en resolver estos problemas, el Estado vuelve a tener roles importantes.
Continuará…
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