Ataques escolares: El autor, la sociedad y la ley

La escuela es el lugar donde un niño debe sentirse seguro, hacer amigos y prepararse para el futuro. Que un estudiante empuñe un arma en la misma escuela sacude fundamentalmente este sentimiento de seguridad. Tras un ataque de este tipo, es necesario investigar quién es el autor, qué ha vivido y bajo qué condiciones llegó a este punto. Sin embargo, no es posible comprender el ataque reduciéndolo a la historia de un solo niño. También se debe debatir qué sucede en el entorno de ese niño, en qué etapas se puede detectar la violencia y qué responsabilidades deben cumplirse para prevenir incidentes similares.

La dimensión global de los ataques escolares

Los ataques mortales en las escuelas no son un fenómeno nuevo. Sin embargo, los ataques escolares perpetrados especialmente con armas de fuego han estado durante mucho tiempo en el centro de los debates sociales y políticos en los Estados Unidos.

En 1999, en el ataque perpetrado por dos estudiantes en la escuela secundaria Columbine, en el estado de Colorado, perdieron la vida 12 estudiantes y un profesor. Columbine se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos internacionalmente de los ataques escolares. Tras el ataque, se inició un amplio debate sobre la cultura juvenil, las relaciones entre pares, el acceso a las armas y la forma en que los medios presentan a los agresores. No obstante, los ataques escolares en EE. UU. no comenzaron con Columbine. La importancia histórica del suceso radica en que puso el problema actual en la agenda mundial.

En un estudio publicado en 2024 en la revista Pediatrics, se registraron 1.453 ataques armados en escuelas de EE. UU. entre los años académicos 1997-1998 y 2021-2022. La definición utilizada en la investigación abarca también la exhibición o el disparo de un arma en el recinto escolar y el impacto de una bala en el área de la escuela. Por lo tanto, esta cifra no se compone únicamente de ataques en los que murieron varias personas. La investigación revela la trayectoria de los incidentes relacionados con armas en los recintos escolares a lo largo del tiempo.

Al explicar este panorama, se hace hincapié en el acceso a las armas de fuego, el almacenamiento seguro de las armas en los hogares y los efectos sociales de la violencia armada. Aunque las características personales de los agresores son importantes, no ofrecen una explicación suficiente por sí solas. El acceso a las armas, los comportamientos previos al ataque y la capacidad preventiva de las instituciones se evalúan conjuntamente. Los investigadores que estudian los ataques escolares señalan que tales actos no pueden reducirse a una sola causa. Las relaciones entre pares, los conflictos sociales y los problemas en el entorno escolar se encuentran entre los temas importantes para comprender los ataques. Sin embargo, no se puede decir que todos los niños que viven condiciones similares se inclinarán hacia la violencia. Del mismo modo, asumir que cada ataque ocurre con las mismas dinámicas no ofrece una evaluación saludable. Procesos diferentes pueden conducir a resultados similares.

Los ataques escolares en Turquía y el debate cambiante

La historia de la violencia escolar en Turquía es mucho más antigua que los ataques armados ocurridos en los últimos años. Las agresiones con armas blancas entre estudiantes, la violencia contra los profesores y los conflictos en los alrededores de las escuelas han estado en la agenda durante mucho tiempo. Sin embargo, los ataques armados ocurridos el 14 de abril de 2026 en la Escuela Secundaria Profesional y Técnica Anatolia Ahmet Koyuncu en el distrito de Siverek, en Şanlıurfa, y al día siguiente en la Escuela Secundaria Ayser Çalık en Kahramanmaraş, han hecho necesario abordar el asunto de nuevo y de manera más integral.

Estos ataques también han puesto de manifiesto la dimensión humana del debate sobre la seguridad escolar. Las escuelas son instituciones donde los niños pasan una parte importante del día, establecen relaciones con sus pares e interactúan con adultos. La violencia que ocurre aquí no afecta solo a las personas atacadas. También sacude la percepción de seguridad de los estudiantes, las condiciones de trabajo de los profesores y la confianza que sienten las familias al enviar a sus hijos a la escuela.

Los estudios de la Fundación de Investigación de Políticas Económicas de Turquía (TEPAV) sobre la violencia juvenil señalan que el tema debe evaluarse junto con las condiciones económicas, sociales e institucionales. Las expectativas de los jóvenes sobre el futuro, sus relaciones sociales, la deriva hacia la delincuencia y el acceso a las armas deben abordarse en este marco. Explicar los ataques escolares únicamente a través de la psicología del agresor puede llevar a pasar por alto las condiciones ambientales en las que surgen los hechos.

Hay un punto que debe tenerse en cuenta aquí. No todos los incidentes de violencia que ocurren en la escuela entran en la misma categoría que un ataque armado en el que mueren varias personas. Una pelea entre estudiantes, una agresión con arma blanca y un acto masivo planificado de antemano tienen características diferentes. Para que las estadísticas y las investigaciones puedan evaluarse de manera saludable, es necesario mantener esta distinción.

¿Cómo llega un niño a ver la violencia como una posibilidad?

Una de las explicaciones que surge con más frecuencia tras los ataques escolares es el acoso escolar. Ser humillado, excluido, objeto de burlas o no encontrar un lugar para sí mismo en el entorno escolar puede afectar el desarrollo social y emocional del niño. Algunos niños pueden tener dificultades para lidiar con estas experiencias y, con el tiempo, pueden convertir su ira en pensamientos de venganza.

La Teoría de la Tensión General (General Strain Theory), desarrollada por Robert Agnew en 1992, ofrece un marco útil para examinar esta relación. Agnew explica que las experiencias negativas, las pérdidas y los obstáculos frente a los objetivos que una persona desea alcanzar pueden generar sentimientos como la ira, y que estos sentimientos pueden facilitar la inclinación hacia la delincuencia en ciertas condiciones. La teoría no sostiene que todos los niños que sufren acoso recurrirán a la violencia. Destaca que la misma experiencia puede producir resultados diferentes en niños distintos y que las condiciones individuales y sociales son determinantes.

El enfoque de desconexión moral (moral disengagement) de Albert Bandura también es importante para comprender cómo se puede legitimar la violencia. La persona puede justificar su comportamiento dañino, culpar a la víctima o menospreciar las consecuencias del acto. Presentar un ataque como una venganza o una demostración de poder puede ser parte de este proceso intelectual. También debe examinarse el hecho de que la violencia sea recibida con elogios en los entornos digitales y que los agresores sean convertidos en héroes.

No obstante, no es correcto establecer una relación de causa-efecto inevitable entre el acoso y el ataque escolar. La gran mayoría de los niños que sufren acoso no recurren a la violencia. Tampoco se puede decir que todos los agresores tengan antecedentes de acoso. Deben evaluarse conjuntamente las relaciones familiares del niño, su círculo de amigos, sus experiencias de exposición a la violencia, su relación con los entornos digitales y su acceso a las armas.

Una dimensión importante de este debate son las señales previas al ataque. El concepto denominado leakage (filtración) en la literatura criminológica se refiere a que la persona manifiesta a otros su intención de causar daño o su preparación para el ataque. Esto puede manifestarse en forma de mensajes escritos, publicaciones en redes sociales o planes contados a otros. Este tipo de señales son importantes en términos de evaluación de amenazas. Sin embargo, considerar cada palabra airada o problema disciplinario como una preparación para un ataque también puede llevar a la estigmatización de los niños. Lo importante es que las señales graves y concretas sean evaluadas sobre una base profesional.

Las investigaciones sobre la prevención de los ataques escolares señalan los límites de los métodos basados únicamente en la elaboración de perfiles de agresores o en el castigo automático. Los enfoques que evalúan conjuntamente los comportamientos de los estudiantes, las condiciones en las que se encuentran y sus necesidades ofrecen una base más funcional. Este enfoque requiere que, además de aumentar las medidas de seguridad, las escuelas establezcan un sistema capaz de evaluar las solicitudes de ayuda de los estudiantes.

El delito del niño, la responsabilidad de la familia

Uno de los temas más debatidos en la opinión pública tras los ataques escolares es la responsabilidad de la familia del agresor. Especialmente cuando el autor es un niño, se cuestiona la forma de crianza de los padres, si conocían los comportamientos del niño y cómo se accedió al arma utilizada en el ataque.

El principio de personalidad de la responsabilidad penal, regulado en el artículo 20 del Código Penal Turco, constituye la base de este debate. Cuando un niño comete un delito, sus padres no pueden ser considerados responsables del mismo delito solo por ser sus progenitores. La responsabilidad penal se basa en el propio acto de la persona. La existencia de deficiencias en la crianza del niño no significa que surja la responsabilidad penal de los padres por un delito específico.

No obstante, el comportamiento de los padres puede ser examinado por separado. Si sabían de la preparación del ataque y ayudaron a sabiendas, contribuyeron concretamente a la comisión del delito o guardaron el arma de manera que el niño pudiera acceder a ella, esto puede requerir diferentes evaluaciones legales según las condiciones del caso. En tales situaciones, la fuente de la responsabilidad no es la condición de progenitor, sino el propio comportamiento de la persona y las condiciones legales pertinentes.

Por su parte, el artículo 369 del Código Civil Turco regula la responsabilidad civil derivada del daño causado por un menor bajo la supervisión del cabeza de familia. El cabeza de familia puede enfrentarse a una responsabilidad por daños y perjuicios si no puede probar que ha mostrado la diligencia necesaria o que el daño se habría producido incluso si hubiera mostrado la diligencia necesaria. Esta regulación pertenece a un ámbito diferente al de la responsabilidad penal. El hecho de que una persona esté obligada a pagar una indemnización y que sea castigada por un delito no se basa en los mismos criterios legales.

Esta distinción también es importante en el derecho comparado. En EE. UU., tras el ataque en la escuela secundaria Oxford en Michigan en 2021, donde perdieron la vida cuatro estudiantes, los padres del agresor fueron condenados por homicidio involuntario. En el caso Crumbley, el comportamiento de los padres antes del ataque, la obtención y el almacenamiento del arma, y lo que hicieron ante los riesgos conocidos estuvieron en el centro del debate. El caso es un ejemplo sorprendente que muestra que el comportamiento de los padres puede generar responsabilidad penal en determinadas condiciones.

Esta decisión no significa que los padres puedan ser castigados en cada ataque escolar en EE. UU. Las reglas sobre la responsabilidad de los padres varían según el estado. Mientras que la responsabilidad penal se evalúa a través del comportamiento y la culpa de la persona, la responsabilidad civil por daños puede basarse en condiciones diferentes.

En Alemania, el artículo 19 del Código Penal establece que los niños que no han cumplido los 14 años en la fecha del hecho no tienen responsabilidad penal. El artículo 832 del Código Civil Alemán aborda la responsabilidad civil de las personas responsables de cumplir con el deber de supervisión por los daños causados a terceros por el menor bajo su supervisión. Estos ejemplos muestran que la condición de progenitor y la responsabilidad basada en la culpa personal deben separarse entre sí.

En cuanto a Turquía, la responsabilidad de los padres también debe evaluarse sobre el caso concreto. Se puede investigar a quién pertenecía el arma a la que accedió el niño, cómo se guardaba el arma, si se conocía la preparación del ataque y si existían riesgos evitables. Sin embargo, la gravedad del delito cometido por el niño no puede considerarse suficiente por sí sola para castigar a los padres.

Responsabilidad y prevención

Mientras se debate la responsabilidad de las familias tras los ataques escolares, también deben evaluarse los deberes de las administraciones escolares y las instituciones públicas. Si el acoso ha continuado durante mucho tiempo en una escuela, si no se han evaluado amenazas graves a pesar de haber sido notificadas, o si existen deficiencias evitables en términos de seguridad, es necesario investigar estos aspectos. No se puede decir que la administración escolar o los funcionarios públicos sean legalmente responsables en cada ataque. Para ello, es necesario demostrar las obligaciones concretas, las infracciones y el vínculo legal necesario.

Se necesitan políticas permanentes e integrales para la prevención de los ataques escolares. En primer lugar, se deben fortalecer los servicios de orientación y asesoramiento psicológico en las escuelas, transformando estas unidades de estructuras que solo intervienen cuando surgen ciertos problemas en un sistema que sigue a los estudiantes regularmente, detecta sus necesidades en una etapa temprana y establece cooperación con los expertos pertinentes cuando sea necesario. Se debe aumentar el número, la competencia profesional y el tiempo que los orientadores y consejeros psicológicos pueden dedicar a los estudiantes, y crear condiciones en las que puedan cumplir sus funciones de manera efectiva. Las denuncias de acoso escolar deben seguirse con atención y deben establecerse mecanismos de solicitud donde los estudiantes puedan transmitir sus problemas sin miedo y con confianza. Además, se deben revisar las políticas de seguridad para la prevención de ataques escolares; se debe establecer un sistema de cooperación entre la escuela, la familia, los servicios de salud y las instituciones públicas pertinentes que proteja los derechos de los niños y los datos personales, destinado a identificar los riesgos en una etapa temprana y proporcionar el apoyo necesario a tiempo.

Estas medidas no pueden dejarse para las investigaciones realizadas después del ataque. El seguimiento de las solicitudes de ayuda de los estudiantes, la evaluación de las amenazas graves por parte de expertos y la derivación de los niños en riesgo a servicios de apoyo adecuados deben integrarse en el funcionamiento habitual de la vida educativa. En un ataque escolar, la responsabilidad penal debe determinarse teniendo en cuenta la edad y la culpa de la persona que cometió el acto. La responsabilidad de la familia, la escuela y las instituciones públicas también debe investigarse en el marco de sus propias obligaciones. Poner la responsabilidad de todos en el mismo saco hace que la evaluación legal sea ambigua. Cargar la responsabilidad únicamente al niño puede llevar a pasar por alto las condiciones que contribuyeron a la aparición del ataque.

Que los niños puedan recibir educación con seguridad en las escuelas depende de los mecanismos de protección que funcionan en la vida cotidiana. Se debe crear un entorno escolar donde el acoso se tome en serio, se limite el acceso a las armas, se evalúen cuidadosamente las amenazas y los niños puedan pedir ayuda. El derecho penal determina la responsabilidad después de que se ha cometido un delito. Las políticas educativas y sociales, por su parte, deben centrarse en reducir las condiciones que facilitan que los niños se inclinen hacia la violencia. El funcionamiento conjunto de estas dos áreas constituye la base de un enfoque permanente en la lucha contra los ataques escolares.

Abg. Deniz Ali İlkem Demir